El Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el incremento del salario mínimo de 2016, al estudiar una demanda presentada por las centrales obreras, varios ciudadanos y el Procurador Alejandro Ordóñez.

"Declarar la nulidad del Decreto 2552 de 30 de diciembre de 2015, por medio del cual se fijó el salario mínimo para el año 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva y sólo con los precisos efectos allí señalados", indica la providencia del máximo tribunal del contancioso administrativo.

El fallo tiene efectos hacia el futuro y su declaratoria de nulidad no tendrá ningún efecto sobre "el salario que ya devengaron los trabajadores durante el 2016 ni afectará ningún valor que haya tenido como parámetro el salario mínimo, como por ejemplo las cuantías para determinar competencias administrativas o judiciales, multas, sanciones, contratos, tarifas, cuotas alimentarias y en general todo aquello que tome como referencia el salario mínimo".

El decreto dado a conocer el 30 de diciembre de 2015  fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2016 en $689.455.00. El entonces procurador Alejandro Ordóñez Maldonado solicitó al Consejo de Estado declarar la nulidad del decreto 2552 de 2015 porque el reajuste del 7% en el salario mínimo es inferior al IPC real de las personas de bajos ingresos.

En uno de sus apartes se lee:  "La Sala considera necesario exhortar al Gobierno Nacional para que, cuando quede investido de la facultad de proferir de manera unilateral el decreto que fije el incremento del salario mínimo luego de fracasar la etapa de concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, lo haga en estricto cumplimiento de la carga motiva que le  impone el artículo 8º de la Ley 278 de 1996 de conformidad con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999, esto es, teniendo en cuenta con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, la inflación real del año que culmina según el IPC, la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional y el incremento del producto interno bruto (PIB)".

La demanda contra la Nación fue presentada por: Andrés de Zubiría Samper, Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la Confederación General del Trabajo –CGT-; Miryam Luz Triana Álvis, secretaria de la CGT, Jhon Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados –CDP-;  Luis Alejandro Pedraza Becerra y Fabio Arias Giraldo, presidente y secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT- Cristian Sterling Quijano Lasso, Luis Miguel Morantes Alonso, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC-, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, Ana Isabel Rubiano y Marco Fidel Suárez.

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